De 591 jóvenes en conflicto con la ley recluidos en centros de detención, un 21% de estos ingresó por delitos cometidos durante su adolescencia. Hoy ya son mayores de edad y permanecen en estos lugares para purgar penas de hasta 6 años.

La mayoría de los muchachos tiene 19, 20 y 21 años de edad, según cifras de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP).

Los datos detallan que el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv) Etapa, cuenta en sus celdas con 40 aprehendidos de 19 años; 30 de 20, 10 de 21, 1 de 22, y otro más de 23. Este es el lugar con la mayor cantidad de confinados mayores a los 18 años de edad. Le sigue el Cejupliv II, Anexo, donde se encuentran detenidos 13 hombres de 19 años; 11 de 20, y 5 de 21 (vea: Entre adolescentes).

Flora Ramos, jefa de la SBSP, refiere: “Hay leyes establecidas en las cuales se regula que los jóvenes, por habérseles dictado sentencia cuando adolescentes, deben cumplir su condena en nuestros centros, aun así ya hayan cumplido su mayoría de edad, por eso están ahí”.

A criterio de la Secretaria, “la solución es construir un Etapa III u otro centro de detención y lograr un desahogo de las prisiones, para consecuentemente asignarlos por edades como la ley lo indica, y evitar los riesgos que estos adultos puedan representar frente a la población menor. Necesitamos trabajar mucho para que esta medida no sea tan a largo plazo, pues estamos buscando los fondos para realizar un proyecto como este”.

La SBSP se enfrenta a un hacinamiento de más del 90% en el centro Gaviotas, por lo cual consideran urgente la ampliación de la infraestructura (lea: A punto de alcanzar la mayoría).

Clasificación ineficaz

Ante esta situación, Nidia Aguilar, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), sugiere una “clasificación eficaz” de los jóvenes en conflicto con la ley, “puesto que esto no contraviene ninguna norma aprobada”. “Lo ideal y urgente es que se construya un centro exclusivamente para los mayores de edad, pues en estos casos, los menores son más vulnerables”, destaca.

Asimismo, Osvaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), refiere que “lo más sano es evaluar cuáles son las políticas de resocialización y cuáles son los programas que se tienen, y si estos contribuyen efectivamente a la rehabilitación de los jóvenes”. “Si existe un nivel de hacinamiento alto, el sistema no logrará a cabalidad su función, porque el espacio se vuelve inoperante y el personal insuficiente”, señala.

Tanto Aguilar como Samayoa coinciden en que únicamente se ha planteado una discusión sobre qué hacer con estos jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en centros de detención juvenil, pero no hay avances.