Foto Archivo/s21

La “mano dura” está por concluir su primer año de gobierno con el presidente Otto Pérez Molina al frente y no ha dejado cosas muy buenas, opina el director del Instituto por la Democracia de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congecoop), Alejandro Aguirre. 

Aunque también resalta aspectos positivos como el impulso a la Ley de desarrollo Rural (pese a que no se aprobó), y la actualización tributaria, pero la queja es que no cumplieron totalmente su objetivo para salir de la crisis institucional en el país.

¿Cómo evalúa el 1er. año de Gobierno?

Al inicio de esta administración había una serie de expectativas y con ejes determinados en el plan de gobierno, y uno de los ejes principales era relacionado con el desarrollo rural. 

Es un tema fundamental y pensamos que en la práctica se iba a avanzar en el desarrollo rural integral, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta de que se continúa con la apuesta de programas asistencialistas, que no van dirigidos principalmente a la producción y el apoyo a los pequeños productores, que es la base de los que producen los alimentos.

Hay un primer balance no muy positivo en el primer año de gobierno. En la Ley de Desarrollo Rural el Gobierno ha intentado acciones que se ven positivas, pero lamentablemente en el Congreso es otra cosa porque hay otras bancadas y no han logrado convencer al resto de diputados de que es necesaria la aprobación.

Lo que llama la atención es por qué algunos temas han pasado sin mayor discusión como el presupuesto, de igual forma la Actualización Tributaria. Que si bien es un paso para adelante, no ha sido lo mejor para el país porque no resolvió la brecha entre ingresos y gastos que hay en el país.

Porque lo que necesita el país es una reforma fiscal integral que pasa por otra serie de acciones que tiene que ver en la calidad del gasto público, la deuda y el balance fiscal.

Lo otro es la reforma a la Constitución, que de fondo no tiene realmente temas sustanciales para el país, e incluso el debate da hasta para repensar el Estado guatemalteco. Las propuestas no han sido  las más adecuadas porque muchas de ellas se pueden hacer por medio de leyes.

¿Cuál es el principal problema para no cumplirse los programas?

Uno de los principales problemas en el país es que no se le asignan recursos a los programas. Es necesario pensar en los fondos y la calidad del gasto. Con las reformas tributarias se suponía que mejoraría pero en 2013 es cuando se verá que impactará a pequeños empresarios y a los grandes empresarios no fueron tocados, como la Ley de Maquilas, pues se mantienen todos los privilegios que benefician a esos empresarios nacionales y transnacionales

Además, tenemos un problema de instituciones débiles y los recursos no son los adecuados en salud y agricultura, por ejemplo; también hay incapacidad de ejecución. 

¿Cómo evalúan la corrupción , que incluso alcanza a ONG?

Lo que falta son instrumentos de transparencia y es ahí donde hace falta el paquete de leyes pendiente, pues se evitaría ese tipo de casos que han ocurrido con las ONG. Siempre hemos manifestado que las ONG que han sido señaladas realmente no son parte del sector, porque hay unas históricas y que nunca incluso han trabajado con el gobierno.

Siempre hemos sido claros en que las ONG no se deben meter en obra gris, la especialización es en educación, salud y otros temas sociales.

La lucha antidrogas también es otro tema que incluso se podría ver como una cortina de humo, porque se sabe la postura de los Estados Unidos y que quizá no iba a pasar. 

La corrupción no ha sido exclusiva de gobiernos anteriores, porque en esta administración también se han evidenciado. En el Congreso siguen esas viejas prácticas con negocios bajo la mesa.

Hay una criminalización también en cuanto a las demandas sociales. 

Lo otro es la misma militarización del mismo aparato estatal, hay gente clave de militares en diferentes puestos. Muchas veces tienen civiles pero con mentalidad militar y eso está sucediendo en este gobierno.

¿Por qué no pasa la Ley de  Desarrollo Rural?

La discusión de la Ley se volvió más un tema ideológico que de  propuesta, si es viable. Con el sector privado ha sido más ideológico, donde resurgen lenguajes como socialista, pro soviético, regresando 30 años en la historia. Es real que continúa el veto del sector empresarial en el país y lo que ellos dicen pasa y no pasa. Eso se evidenció en la Ley de Desarrollo rural.