El caso de la periodista Lucía Escobar, quien es víctima de amenazas veladas y descaradas en Panajachel, Sololá, no sólo debe preocuparnos, sino también ocuparnos en dos vías principales: resguardar la libertad de prensa y terminar con la anarquía que por ahora impera en muchas poblaciones del país.

Ella vive en el citado municipio, y tanto desde su espacio en radio como en la prensa escrita, se ha dado a la tarea de poner en conocimiento público una situación irregular a todas luces, en la que grupos de personas encapuchadas cometen abusos contra la población.

La práctica no es del todo nueva. En varias ocasiones los medios de comunicación han informado sobre personas que se organizan, sin seguir los procedimientos legales, con un propósito en inicio loable (como garantizar la seguridad en sus comunidades), pero que fácilmente los hace pasar de víctimas a victimarios.

En reiteradas ocasiones, por ejemplo, en el mercado de la Terminal, zona 4, presuntos delincuentes han sido asesinados en los alrededores, y se responsabiliza de esos actos a un grupo que actúa en la clandestinidad haciendo limpieza social. 

Sin embargo, la posible participación en el caso de Escobar de autoridades ediles en connivencia con los grupos, en teoría, encargos de la seguridad, hace que el tema cobre notoriedad y más grados de preocupación. Especialmente si se aprovechan medios de información locales para difamar y enviar amenazas a quienes critican o dudan del accionar de esos grupos. 

Ayer mismo, la entidad Reporteros Sin Fronteras se manifestó desde París, Francia, exigiendo protección para la comunicadora, aunque ella de todas formas ha preferido resguardarse para evitar algún ataque en su contra.

Corresponde ahora a los diversos grupos sociales, al menos a los genuinamente interesados en defender las libertades básicas, hacer causa común con Lucía Escobar a fin de proteger su integridad física, pero también con el objetivo de promover una investigación profunda sobre sus denuncias.

Si los grupos presuntamente dedicados a dar seguridad están incurriendo en abusos y hasta en delitos graves, como el secuestro y la ejecución extrajudicial, y encima tienen el apoyo de autoridades legalmente constituidas, estamos ante un caso grave y de resolución urgente.

Hay una tarea pendiente, además, para el Gobierno, la Procuraduría de los Derechos Humanos y, especialmente, para el Ministerio Público. Estaremos vigilantes a sus resultados porque, después de todo, hay vidas humanas en juego.