El proceso para fijar los salarios mínimos, algo recurrente cada año, parece haber sido superado por la realidad. Aunque en sus inicios se pensó que el hecho de sentar a la mesa a sindicalistas y empresarios, con el concurso del Gobierno, daría buenos resultados, la historia desmiente esa posibilidad.

A todas luces, la manera en que se aborda la discusión acerca de cuánto se deben aumentar los salarios mínimos cada año no luce como la más adecuada. Desde hace 17 años, nunca se ha logrado el consenso para fijar un incremento que favorezca a los trabajadores y que no afecte a las empresas.

En esta ocasión, aunque el sector privado cante victoria por el hecho de que en la votación para proponer un 5% de aumento obtuvo tres votos, contra dos de los representantes laborales, no puede decirse que haya habido propiamente un acuerdo.

Desde hace mucho tiempo, el sector empresarial ha venido impulsando una serie de medidas que, desde su visión, podrían ayudar a atraer inversiones y con ello a la creación de empleos.

Una de estas propuestas es la aprobación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo cual se permitiría en Guatemala hacer contrataciones de tiempo parcial.

Según el sector patronal, con esto se podría dar trabajo a muchos jóvenes o amas de casa que les gustaría trabajar sólo unas horas, para cumplir con otros compromisos. Por supuesto, esto ha encontrado muchos escollos en el Congreso.

Además, en reiteradas ocasiones ha dicho que se requiere elevar los salarios con base en la productividad y no por la decisión política de las autoridades de turno.

Puede ser que esto no es la solución del problema, pero podría ser un buen punto de partida para comenzar el debate, dejando de lado las posiciones ideológicas que en Guatemala hacen mucho daño.

La decisión presidencial de aumentar en 5.13% los salarios mínimos para los trabajadores de la confección y de textiles y en 6.75% a los empleados del campo y la ciudad, para colocarlos en Q62.50 y Q68, respectivamente, dejó satisfechos a los empresarios, pero no al sector laboral.

Típico de su proceder, el mandatario no se casó con la idea del 5%, sino que decidió subirlo apenas un poco más, pese a que sabía de la oposición sindical, cuyos representantes pugnaban por elevar el salario mínimo a Q80 diarios.

La gran lección de todo esto es que la modalidad para subir o mantener los salarios ya no da para más y se requiere de una transformación. Sobretodo, para evitar a toda costa que el Presidente asuma esa responsabilidad, porque éste no puede sustraerse de su posición política.