El gobierno de Otto Pérez Molina recorre por estos días una de las vías más complejas y críticas de sus promesas, contenidas en el plan de trabajo, y que podrían marcar en lo sucesivo todo su periodo al frente del Ejecutivo. También marcará en buena medida el devenir del Congreso, porque el Partido Patriota maneja los hilos en ese otro organismo del Estado.

De la misma manera, los guatemaltecos, sean asalariados o dedicados a actividades empresariales, se enfrentarán a una realidad impositiva distinta, en momentos en que las economías familiares no pasan por sus mejores tiempos.

El caso es que poner en manos de los diputados una serie de iniciativas en procura de decretar modificaciones en los impuestos, es a la vez un compromiso muy serio para Ejecutivo y Legislativo. Compromiso que los llama a actuar prudente y responsablemente.

Fundamentalmente, lo que demandarían los connacionales conscientes y comprometidos con su país no es necesariamente un escape a sus obligaciones tributarias (aunque los impuestos siempre serán eso: impuestos); sin embargo, sí se plantea como lógico exigir que los tributos respondan a planteamientos técnicos y viables (por ejemplo, considerando la capacidad de pago de las personas).

No debe extrañar a nadie que entre los 158 diputados, apenas haya un puñado de profesionales conocedores del tema fiscal e impositivo. Empero, sí se debe estar atentos a que entre los muchos (más de lo razonable) asesores asignados a diputados rasos, directivos, comisiones y bancadas, se permitan discusiones alejadas de los intereses políticos, partidarios o sectoriales, para dar paso a las argumentaciones teóricas y técnicas modernas, las cuales a su vez deben ser justas y ecuánimes.

Un flaco favor se le haría a las arcas nacionales si, producto de las discusiones de ocasión y las consecuentes decisiones irreflexivas, se engordan sus cuentas a costas del simple detrimento de las condiciones de vida de los menos favorecidos. A la larga, y más temprano que tarde, aquellos resultados inmediatos podrían hasta revertirse, con sus obvias consecuencias.

El lastre que representan la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, deben obligar a las autoridades a asegurarse de contar con decretos bien pensados, bien argumentados y bien fortalecidos, en tanto un uso honesto y eficaz del erario devuelve la confianza de los pobladores. 

Mientras esa convicción no mueva a oficialistas y opositores, el tantas veces ofrecido cambio del país no dejará de ser maquillaje.