La término impunidad lo he escuchado y escrito a lo largo de toda mi vida como periodista. Primero, se utilizaba para señalar la falta de castigo por los llamados delitos o crímenes políticos —que en Guatemala eran literalmente obviados por la justicia—, y más recientemente para hablar de todo nuestro sistema judicial, que parece controlado por finos pero poderosos hilos que manipulan todo a favor de la corrupción y el crimen organizado.

Antes de escribir esta columna quise visualizar la forma en que la impunidad afecta al ciudadano común y corriente; al ciudadano alejado de los poderes políticos y económicos; el que en Guatemala la ley no se aplique a los poderosos, mucho menos a aquellos que tienen acceso a las increíbles redes de fiscales, jueces y magistrados vinculados a los poderes “paralelos” que suelen ser más poderosos que los establecidos constitucionalmente.

Se supone que la justicia debe proteger los derechos ciudadanos y garantizar el cumplimiento del marco legal establecido, pero cuando se pone al servicio de esos poderes, cuando la impunidad impera, ¿cuál es el daño que me causa a mí, a Usted querido lector, o a cualquier guatemalteco de la ciudad o
del campo?.

Veamos con ejemplos simples y sencillos su efecto, más allá de si hubo o no sentencia condenatoria en determinados casos:

El presidente Alfonso Portillo se embolsó, literalmente, un millón de dólares que Taiwán dice que le dio para bibliotecas populares. Autoridades monetarias internacionales y la IVE nacional probaron que al menos dos millones de euros fueron a parar a cuentas vinculadas a él, y que los fondos provenían de comisiones que recibió por el negocio de la galleta escolar; es decir, que más niños pobres pudieron ser atendidos pero el flamante Presidente prefirió hacerse millonario. Por estos delitos, ni siquiera hay un proceso judicial en su contra aquí en Guatemala.

Pero sí lo han vinculado con el saqueo de más de Q200 millones, dinero que pudo servir para mejorar las precarias situaciones que se viven en materia de salud, educación o seguridad, y a pesar de las pruebas contundentes, los tribunales lo exoneraron en primera instancia y el juicio que debe dar una sentencia definitiva está detenido porque a él le conviene y no quiere ningún fallo, porque después otra justicia, la de Estados Unidos, hace cola para juzgarlo y sabe que allá no lo podrá proteger el manto de la impunidad chapina.

Estos dos casos muestran que el efecto, más allá del deterioro al Estado de Derecho, afecta directamente a la población.

El caso reciente del ex fiscal general, Carlos de León, incluía una prueba contundente, también sustentada por la IVE —que para que el lector sepa, tiene la capacidad de dar seguimiento al dinero de cualquier persona o empresa por todo el sistema bancario y sirve para elevar pruebas consistentes a los tribunales—, en donde se mostraba un negocio de Fonapaz con sobrevaloración por más de Q13 millones, que fueron a parar a la cuenta de los tres implicados. 

La jueza, Silvia Violeta de León Santos, con señalamientos por otros procesos marcados por la impunidad, ni siquiera tomó en cuenta que muchas familias guatemaltecas pudieron ser atendidas por la construcción de casas a valor real, en vez de enriquecer a los tres implicados y seguramente a algún funcionario de turno.

La lista podría seguir y seguir. Llegar, incluso, a narcotraficantes o miembros de bandas de contrabando, de robo y tráfico de niños y trata de personas, etcétera, y el comportamiento es el mismo: la impunidad protege a los delincuentes, y la justicia termina burlada.

Pero todos sufrimos a causa de la impunidad. Cuando es corrupción, porque el dinero que se roba aumenta la pobreza, la desnutrición y la falta de oportunidades. Cuando es crimen organizado, porque puede apropiarse de propiedades, aumenta la drogadicción, y la inseguridad ciudadana, con el robo, la extorsión, el asesinato y qué decir del tráfico de personas.

No debemos ser indiferentes. Este cáncer nos alcanza a todos. No lo tiene el vecino, los tenemos todos —como sociedad—, y debemos combatirlo desde abajo, porque los de arriba, si no son parte del sistema de impunidad, están muy cerca de él y tal vez esperen que algún día les brinde protección.