Charlotte. El Legislativo de Carolina del Sur aprobó una ley que autoriza a la Policía revisar el estatus migratorio de los detenidos y obliga a las empresas a comprobar los datos de los trabajadores.

La SB20, inspirada en la SB1070 de Arizona, pasa ahora al escritorio de la gobernadora republicana Nikki Haley, quien ha dicho estar dispuesta a ratificar la medida para detener la “inmigración ilegal” en su estado.

La Cámara Baja estuvo de acuerdo con los cambios realizados hace varias semanas por el Senado, que extendió las discusiones a raíz del dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la potestad de los estados en cotejar datos de los trabajadores con el sistema federal E-Verify.

Castigará a empresarios

Los negocios corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive el cierre temporal al contratar a “sin papeles” y por no utilizar el programa de verificación de datos de empleados.

“Hoy nos unimos a un número creciente de estados que están tomando acciones para combatir los problemas que generan los ilegales que violan nuestras leyes”, afirmó Bobby Harrell, presidente de la Cámara Baja.

Una coalición de 21 organizaciones, entre líderes religiosos y defensores de los derechos civiles, urgieron a Haley  vetar la ley argumentando que costará a los contribuyentes “millones de dólares” y “motivará el perfil racial”.