Gloria Torres y sus hijas están acusadas de lavado de dinero y caso especial de estafa. Foto Archivo/s21

Francisco Gabriel Urriola Noriega, yerno de Gloria Torres Casanova, así como los ex alcaldes Francisco Isay Hidalgo Argueta, de La Democracia, Huehuetenango, y Abimael Urízar Gómez, de San Andrés Sajcabajá, Quiché (este último en prisión), así como un tesorero, dos síndicos, dos concejales y representantes de una empresa constructora, figuran en la lista de los que están pendientes de ser capturados por los delitos de lavado de dinero y caso especial de estafa.

Fuentes del sector justicia informaron que Urriola Noriega es esposo de María Marta Castañeda Torres, quien habría recibido fondos provenientes de ambas municipalidades. A su suegra, Gloria Torres, se le ha señalado de utilizar a sus hijas para el desvío de dinero a cuentas bancarias de otros integrantes de la familia.

Urriola Noriega, María Marta y Christa Eugenia Castañeda Torres (sobrinas de la ex primera dama, Sandra Torres), así como Torres Casanova están sindicados de lavado de dinero y caso especial de estafa por Q16.3 millones extraídos de ambas comunas por 3 casos diferentes. De momento, este caso tiene una reserva judicial.

Primer caso

En octubre de 2009, Siglo.21 informó que el alcalde Hidalgo Argueta, en complicidad con dos concejales y dos síndicos, solicitó un préstamo a un banco por Q6 millones, el cual sería utilizado para obras como la construcción del complejo comercial Camojá Grande, entre otras. Sin embargo, este proyecto no se concluyó.

El entonces jefe edil transfiere a la cuenta personal de María Marta Castañeda Torres la cantidad de Q600 mil para brindar asesoría, sin que existiera un contrato por el trabajo realizado. Un reporte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) señaló que no existió un contrato para esa asesoría, mientras ella emite varios cheques a familiares (entre ellos, su esposo, Urriola Noriega; su hermana Christa y su progenitora Gloria Torres) y otras personas, por cifras que van desde Q25 mil, señalan los reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al dar los avisos de los movimientos sospechosos de la familia Torres Casanova.

Otro informe, de la CGCN, del 3 de febrero de 2009, dice que hallaron deficiencias en el proyecto de construcción del centro comercial. En esta obra intervinieron la Asociación Prohuehue y la constructora Martínez, de acuerdo con el contrato 002-2005, del 15 de agosto de 2005 (vea: Procesos que enfrentan).

La CGCN indica que deben formularse cargos “contra los señores Francisco Isay Hidalgo Argueta y Wálter Misael Villatoro Herrera, alcalde y tesorero municipales, respectivamente, durante el período 2004-2008, así como contra Olga Marina Recinos López de Morales, presidenta y representante legal de la Asociación Prohuehue durante el período 2005 a 2008”. La Contraloría había hecho reparos por ese proyecto y, pese a que entregaron documentos, “se estableció que éstos no fueron suficientes para desvanecer totalmente los cargos formulados”.

Segundo caso

Las investigaciones revelan que la CGCN y la IVE detectaron otros movimientos bancarios sospechosos. Esta vez, el alcalde Hidalgo Argueta, supuestamente, contrató a Christa Eugenia para que realizara estudios de factibilidad para la construcción del complejo comercial Camojá Grande y la introducción de agua potable en el casco urbano de La Democracia. Por dichas asesorías, la comuna le pagó Q350 mil a Christa Eugenia, quien depositó Q50 mil a la cuenta bancaria de Hidalgo Argueta.

Tercer caso

En 2007 se conoció que Urízar Gómez, el jefe edil de 2004 a 2008 de San Andrés Sajcabajá, Quiché, obtuvo un préstamo de Q10 millones de un banco, el cual fue gestionado con documentación falsa, para la construcción del mercado municipal. Esta obra nunca se inició, y en la que supuestamente María Marta Castañeda Torres había sido contratada como intermediaria para lograr el desembolso del crédito.

Por esta asesoría se le pagó Q1 millón a María Marta. Este dinero inmediatamente fue trasladado a su esposo, Urriola Noriega, quien emitió varios cheques con grandes sumas a su cuñada Christa Eugenia, a su suegra, Gloria Torres, y a la ONG Asociación para el Desarrollo Global (Asodeg), que se haría cargo de la edificación, cuyo representante legal aún es José Noel Guerra Díaz, quien aparece en la lista de los pendientes de captura.

Urízar Gómez está en prisión por otro juicio, debido a ilícitos en la construcción de un muro en la aldea de Tintuleu, proceso que se lleva en el Tribunal de Sentencia de Quiché. El ex funcionario edil es acusado de peculado en forma continuada de Q386 mil y de abuso de autoridad durante su gestión (lea: Compitió este año).

Enfrentamiento familiar

El director de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (Flacso), Virgilio Álvarez, opina que este proceso fue reactivado a raíz del pleito entre las hermanas Torres Casanova. “Este tipo de situaciones ya no afectan tanto al Gobierno porque como no hay reelección ni está en campaña, los desgastes ya no les importan mucho”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo: “El hecho de que tengan avances es bueno. A pesar de valorar siempre estas acciones, queda la inquietud de que el proceso de investigación empieza a avanzar y se realizan, incluso, la búsqueda y captura justo cuando esa parte de la familia Torres cayó en desgracia política”.

Ibarra añadió que “las instituciones de justicia involucradas en este caso agilizaron las gestiones única y exclusivamente ahora que la señora Gloria dejó de ser una mujer influyente. Mientras tenía influencia y poder político, nada se movió de las investigaciones”.

El analista político Fernando Carrera disiente de esta percepción. “Parte del error que se está cometiendo es que como se sabe que es una persona con historia política, se puede llegar a creer que el caso solamente se ha manejado políticamente”.

Renzo Rosal, analista independiente, resalta que “es un paso importantísimo, y ojalá ayude a marcar un precedente en este tipo de casos”.

Manifestó que “los fondos de las municipalidades se han utilizado como gran piñata y para realizar actividades ilícitas, lo cual ha sido reforzado por el manto de impunidad que ha permitido la corrupción”.