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En el Congreso hay 2,400 empleados de los cuales unos 726, equivalentes a 30%, son un “exceso” en la plantilla del Legislativo, según lo reconoce el presidente de la institución, Roberto Alejos, quien señala que este problema es de difícil solución por el pacto colectivo “leonino” que la favorece.

“No lo pude solventar”, expone Alejos, al estimar que el Parlamento funcionaría bien con 1,200 empleados permanentes y 474 temporales, que sumarían un total de 1,674. 

“El pacto colectivo es leonino, y yo me negué a sentarme con los sindicatos porque implicaba asignar más beneficios a los trabajadores”, señaló Alejos, quien recuerda que, entre otras prerrogativas, dicho documento establece un incremento salarial de 10% cada año para todos los empleados permanentes.

En cuanto al gasto que representa el pago de salarios a los 726 empleados aludidos, el cálculo se dificulta, pues entre éstos hay todo tipo de plazas, con sueldos entre Q4 mil y más de Q40 mil (vea: Saturación onerosa).

Además, en el Congreso hay dos sindicatos y actualmente está emplazado, por lo que las destituciones de personal permanente “son muy difíciles”, según Alejos, quien refiere que en los tres años que ha estado al frente del Parlamento se han iniciado 65 procesos de despido, de los cuales hay 10 reinstalaciones y “35 juicios pendientes”.

Alejos defiende que durante su gestión por lo menos se logró establecer organigramas y concretar plazas para ordenar a la gente”, pues antes hasta se desconocía en qué departamentos estaban asignados los empleados.

Las prebendas

Tras reformar la Ley Orgánica del Legislativo se creó la Dirección de Recursos Humanos, con la cual se impusieron más controles y supervisión a los empleados. Pero la normativa permite que cada uno de los 158 diputados contrate a tres personas en el renglón 022. También se deja libre la contratación de personal temporal al servicio de directivos y comisiones de trabajo.

A finales de 2011, unos 200 empleados contratados en el renglón 022 fueron trasladados al 011 de trabajadores permanentes. Según Alejos, esto se hizo para “congelar las plazas 022 y que estas personas permanezcan como personal técnico en las comisiones”. 

Alfredo Tumax, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, defiende el pacto colectivo suscrito en 2005. “El desorden no es responsabilidad del pacto”, subraya el entrevistado, al  apuntar que esto es una obligación “del patrono”.

Al gasto por exceso de personal se suma que también debe pagarse por más espacio físico. Actualmente, el Congreso eroga Q7.7 millones en arrendar oficinas fuera del Palacio Legislativo.