El presidente Pérez y el ministro Sinibaldi en el inicio de la reconstrucción de la red vial del país. Foto María Chete/s21

A la espera de los resultados de una auditoría especial en el Ministerio de Comunicaciones,  el presidente Otto Pérez anunció ayer que espera determinar quiénes fueron los “responsables” de provocar la deuda flotante que asciende a unos Q7 mil 800 millones.

“Queremos ver quién autorizó la obra sin financiamiento y luego se presentará la denuncia a los tribunales, que serán los que deducirán responsabilidades”, enfatizó el mandatario durante la inauguración de reconstrucción del tramo carretero de 61 kilómetros, que inicia en el km 136 de la ruta al Atlántico, Río Hondo, Zacapa, hasta el 197 Quetzaltepeque, Chiquimula, que es parte del programa Carreteras Seguras. (Vea: Q2 mil 100 millones  en reconstrucción).

Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, explicó que la mayor deuda flotante corresponde a contratos que se suscribieron “con abuso del Estado de Emergencia por Ágatha. “Se dieron cerca de 100 contratos que nada tienen que ver con reconstrucción, ya que se inició la construcción de nuevos tramos carreteros “de 100 y 200 kilómetros, y en esos contratos habrá énfasis en la auditoría”, explicó. De los 100 contratos ya se rescindieron 42. “No tenemos por qué consultar con los constructores, no hay fuentes de financiamiento, no tienen razón de ser”, afirmó. 

Pérez aclaró que no se hará ningún pago de la deuda flotante. A dicha monto se suma la obra ejecutada que asciende a Q3 mil 500 millones, que según el gobernante, “es un compromiso que se tiene que pagar; algunos tienen sus fuentes de financiamiento y otros, como la Franja Transversal, tienen un préstamo”. 

La auditoría abarca también esa deuda y se “verificará el estado de las obras”, señaló Pérez. El ministro Alejandro Sinibaldi explicó que después de la auditoría van evaluar la forma de pagar las obras ejecutadas, pues “se buscaría a través de la reforma fiscal o a través de Bonos del Tesoro”. 

Seguridad 

El presidente explicó que desde el viernes están concentrando a los 1 mil 226 agentes de la Policía Nacional Civil que prestan seguridad a funcionarios, dependencias y personalidades. “Se están recortando para que se integren a la seguridad de los guatemaltecos”, expuso.  Asimismo, señaló que no permitirán el “chantaje” pues ya se recibieron “amenazas” de interpelación al ministro de Gobernación, Mauricio López, por retirar la seguridad a un diputado.