Manfredo Marroquín afirma que no hay país en el mundo que tenga reservas como las que contiene la reforma. Foto Archivo/s21

La entidad pro transparencia Acción Ciudadana (AC) rechaza la iniciativa de ley que se tramita en el Congreso para reformar el Decreto 57-2008 que contiene la Ley de Acceso  a la Información Pública (LAIP), por medio de la cual se faculta al Presidente de la República a declarar “información confidencial de seguridad nacional”, lo cual significa que algunos asuntos de interés colectivo “nunca podrán conocerse”.

La iniciativa 4328 fue presentada en abril del año pasado por el presidente Álvaro Colom, para supuestamente proteger 103 expedientes militares del período comprendido entre 1954 y 1996.

Manfredo Marroquín, directivo de AC, indica que la reforma busca específicamente declarar confidencial información de carácter militar y diplomático. “En ningún país del mundo existe una reserva de ese tipo; sólo aquí  vamos a estrenar estas reservas; por ello pretenden que la información pase de pública a confidencial”.

En opinión de Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, estas reformas también pretenden ocultar manejos financieros de entidades gubernamentales. “Estas reformas son parte de una serie de problemas que hubo en el Gobierno anterior en cuanto a tener información de gastos financieros en el Ministerio de Gobernación y de las actividades de la SAAS”, expuso la entrevistada. 

El analista Álvaro Pop manifestó que el acceso a la información debe ampliarse y no limitarse. “Me parece raro que se plantee una obstrucción a la información. El acceso no debe limitarse y deben analizarse estas reformas”. 

En el Congreso, la iniciativa tiene dictamen favorable, emitida por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero está pendiente de que pase al pleno.

El vocero del Ejército, Rony Urízar, indicó que Colom desclasificó 12 mil expedientes, de los cuales algunos fueron clasificados con reserva. 

David Gaitán, también de AC, indicó: “Cualquier iniciativa que pretenda modificar esta ley, que fue producto de largos años de discusión y consenso entre sociedad civil y actores estatales, debe pasar por un proceso de socialización y análisis entre el Estado y la sociedad civil; de lo contrario, significaría un acto de opacidad violatorio de los derechos ciudadanos”.