Pobladores que pasaban por el lugar tuvieron que correr para no ser blanco de la violencia. Foto Mariano Rosales Cutz

Por lo menos cuatro pobladores de Totonicapán murieron y otros 34 resultaron heridos ayer durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad que disolvieron una manifestación en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, jurisdicción de Santa María Ixtahuacán, Sololá.

Los inconformes iniciaron el bloqueo a las seis horas. Cerraron el paso vehicular en  Cuatro  Caminos,  kilómetro  187.5; Alaska, kilómetro 170; San  Francisco El Alto, kilómetro 190; Pologuá, kilómetro 200 y en el Monumento al Migrante, kilómetro 190.

Según los afectados, todo comenzó pasado el mediodía, cuando un contingente del Ejército disparó en su contra con el fin de disolver la manifestación. Empero, las autoridades aducen que fueron civiles los que dispararon a los militares, que tuvieron que dispersarse por la montaña.

Los inconformes, apoyados por estudiantes normalistas de Totonicapán y Quetzaltenango, reclamaban por el incremento a la tarifa de la energía eléctrica, que la autoridad comunal sea incluida en la propuesta de Reformas Constitucionales del Ejecutivo y contra la reforma educativa anunciada por el Ministerio de Educación.

Diálogo a medias

Representantes de la Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán llegaron ayer por la mañana a la Casa Presidencial, donde se reunieron con representantes del Sistema de Diálogo Nacional para discutir los temas citados.

El primer acuerdo al que llegaron fue que el Gobierno retiraría los contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, y los campesinos liberarían la ruta. Empero, lejos de que el problema se resolviera, los ánimos se caldearon.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, aseguró que los militares fueron acorralados por los pobladores. “Hay un protocolo que obliga a convidar a la gente a que se retire del lugar. Si lanzan piedras y muestran resistencia, eso implica el lanzamiento de gases lacrimógenos”, explicó.

Aunque los inconformes aseguraron que los soldados les dispararon, López aclaró que “nadie va a ese tipo de trabajo con armas de fuego”. Agregó que en el lugar se encontraron vainas de escopeta 12, “que no usan ni la Policía ni el Ejército”. López informó que de los heridos, 13 tienen heridas punzocortantes, 6 por contusiones, 7 por armas de fuego, 4 intoxicados  y 3 por esquirlas. 

El ministro de la Defensa, Aníbal Anzueto, señaló que 8 soldados, 7 hombres y una mujer, que iban en el camión militar que fue quemado, fueron atacados a pedradas.

El presidente Otto Pérez señaló que su gobierno es el principal interesado en que los hechos sean aclarados y se aplique la ley a quienes resulten responsables.

Jorge de León, Procurador de los Derechos Humanos, aseguró que pidió al Gobierno que retirara a las fuerzas de seguridad de los bloqueos, a la vez que lamentó que representantes de la Presidencia no hubieran dejado ingresar a sus delegados en el diálogo que se sostenía por la mañana con los dirigentes del movimiento.

Repudio generalizado

Mario Itzep, representante del Observatorio Indígena, señaló que junto a varias organizaciones populares y estudiantes normalistas, apoyarán las acciones que decidan la autoridades de los 48 cantones.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, explicó que los pobladores manifestaron pacíficamente debido a que “el Gobierno no cambia de actitud” ante las demandas que han venido presentando.

Lamentó los hechos ocurridos ayer en Santa María Ixtahuacán, que calificó de “un día de luto” por los asesinatos, capturas y heridos que se registraron. “Tenemos un gobierno militar que no mide la fuerza”, advirtió Pascual.

Nathalia Atz, de la organización Ceiba, Amigos de la Tierra, Guatemala, dijo que las comunidades luchan por demandas justas. “Esperamos que se identifique a los responsables”, insistió.

Roberto Morales, de Wakib K’ej, opinó que “el Ejecutivo debió entrar en un proceso de diálogo para evitar que se dieran esos hechos de violencia”.

Pascual anunció que hoy realizarán “una reunión de emergencia” con los representantes de 48 cantones y diversas organizaciones campesinas, para definir una postura. El dirigente no descartó que se lleven a cabo manifestaciones en Totonicapán o en la capital. “La magnitud de la situación no es para quedarse callados”, concluyó Pascual.

Diputados se pronuncian

Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, manifestó que citarán para el próximo lunes a los ministros de la Defensa y de Gobernación con el fin de que expliquen lo sucedido en Totonicapán. Precisó que necesitan conocer los nombres de los agentes de la PNC y del Ejército que participaron en el desalojo.

“Si alguno de los ministros dio las órdenes de disparar, pediremos su destitución y la persecución penal”, finalizó.

Moisés González, de Compromiso, Renovación y Orden, por Totonicapán, dijo: “Nuestra gente solo quiere defender sus derechos”.

Amílcar Pop, de la bancada Winaq, condenó lo que considera “incapacidad del Gobierno para sentarse a dialogar con el pueblo y la ciudadanía”.

Roberto Villate, jefe del bloque Líder, expresó: “Exigimos al Gobierno el cese de la confrontación y dejar las prácticas de represión del pasado y, en su lugar, abrir espacios democráticos al diálogo nacional”.

Mal mensaje

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, señaló que es “muy difícil” cuantificar las pérdidas por este tipo de bloqueos. “De lo que sí estamos seguros es de que son problemas que envían un mal mensaje a los inversionistas en el extranjero”, afirmó.

“Con este tipo de acciones se crea una mala imagen de Guatemala. Además de que en el país se hace padecer a personas que van con sus productos a venderlos al mercado y a quienes buscan resolver sus problemas de salud”, resaltó.

Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro, expresó: “Nosotros ya estamos cansados de estas acciones de grupos que dañan la actividad productiva. Creemos necesario que sea la población afectada la que manifieste su inconformidad”.