En las acciones registradas la semana pasada en la cumbre de Alaska participaron escuadrones de seguridad ciudadana.

Después de analizar los protocolos de seguridad que se practicaron durante la disolución de la manifestación la semana pasada en la cumbre de Alaska, Santa María Ixtahuacán, Sololá, el presidente Otto Pérez señaló que ya no se utilizarán las fuerzas de seguridad del Ejército en bloqueos y protestas.

La decisión del mandatario se dio luego de las fuertes críticas de organizaciones sociales nacionales y de la comunidad internacional respecto de la intervención de unidades castrenses en desbloqueos.

Pérez indicó que tras revisar los procesos de seguridad junto a los ministros de la Defensa y de Gobernación, se decidió utilizar al Ejército solo en el contexto de seguridad para casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

“En manifestaciones populares, de reivindicación y sociales ya no se utilizará el Ejército. Es algo en lo que estamos trabajando”, insistió el mandatario. Agregó que evaluarán que, de ser necesario, modificarán un acuerdo gubernativo que regula la participación de la tropa en tareas de seguridad ciudadana.

El gobernante agregó que el jueves pasado en la cumbre de Alaska participaron escuadrones de seguridad ciudadana, los cuales se verá la forma de cómo trasladarlos a la fuerza civil; es decir, al Ministerio de Gobernación.

“Tenemos que darle seguridad a los guatemaltecos, y por eso tenemos que ser cuidadosos en el uso de la fuerza”, dijo Pérez.

Nada contradictorio

El Presidente indicó que no hay nada contradictorio en las declaraciones que ofreció el viernes pasado, cuando dijo que las fuerzas de seguridad dispararon al aire, mientras ahora el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señala que seis de las víctimas murieron desangradas por heridas de arma de fuego.

“No hay ninguna contrariedad. Lo que trasladé fue la versión de los que estuvieron en el área. No pude inventarme otra cosa”, insiste, aunque aclaró que esperará a que finalicen las investigaciones.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, anunció que el Ejecutivo solicitará una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad respecto del tema de los bloqueos. “Si la Corte dice que, efectivamente, se viola el derecho de libre locomoción y eso constituye un delito, hay que ponerlo específicamente”, explicó el funcionario.

Sin beneficio

Dirigentes campesinos e indígenas aseguraron ayer que “en nada beneficia” que el Presidente anuncie que ya no se utilizará al Ejército para disolver manifestaciones, ya que la Policía Nacional Civil (PNC) “también es prepotente”.

David Ordóñez, de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, señaló que no se deben disolver manifestaciones ni con el Ejército ni con la Policía. “Nada ganamos si se deja fuera al Ejército, si se arma a la PNC”.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que existen proyectos mineros donde hay destacamentos militares. “Eso es una amenaza latente cuando haya algún problema social en el área, porque el Ejército está cerca. Abogamos porque las fuerzas castrenses vuelvan a sus funciones y se elimine la militarización que se practica”.

Mario Itzep, representante del Observatorio Indígena, expresó: “No es justo que luego de hacer masacres se estén lamentando”. Agregó que se debe “buscar la cadena de mando para ver quién dio la orden de disparar” y pidió que se cambie el protocolo de seguridad con que cuenta el Ministerio de Gobernación.

Carlos Arriaga, dirigente del Frente Nacional de Lucha, pidió al mandatario que se esclarezcan los hechos ocurridos en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, así como “una investigación exhaustiva y que dé con los responsables para aplicarles la ley”.