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Políticas públicas

Mario A. García Lara

mglara@siglo21.com.gt

El FMI nos supervisa

Con base en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó su consulta bilateral de cada año con Guatemala en mayo pasado, publicándose el correspondiente reporte el 9 de julio, en el que señala aspectos positivos y negativos de la economía y de las políticas económicas del país. Entre los temas positivos destaca que el desempeño económico ha sido sólido desde la crisis mundial de 2009, que la producción ha convergido hacia su nivel potencial, que la inflación está bajo control, que la política macroeconómica sigue siendo prudente, y que el sistema bancario se ha fortalecido.

El panorama económico en el corto plazo es relativamente benigno: el FMI espera que el crecimiento económico suba a 3.5% (su tasa potencial) en 2014, apoyado en el consumo privado y el crédito bancario. La inflación se mantendría cercana al límite superior del rango meta para 2014. El déficit de la balanza de pagos se reduciría gradualmente hasta un nivel de 2.5% del PIB, fácilmente financiable mediante los flujos de crédito e inversión extranjera.

Sin embargo, el reporte también señala debilidades estructurales y coyunturales. Del lado estructural, el FMI indica que el potencial de crecimiento económico es excluyente y con pocas posibilidades de aumentar sosteniblemente en el largo plazo, debido a la baja inversión en capital físico y humano, a la debilidad de las instituciones del Estado, y a la inseguridad. Del lado coyuntural, el Fondo destaca la vulnerabilidad de la economía nacional ante los vaivenes mundiales, así como el escaso margen de maniobra de las políticas macroeconómicas para amortiguar tales riesgos, debido a la debilidad de la política fiscal.

Se desprende del reporte que el principal reto de la política económica es mejorar la sostenibilidad fiscal. Aunque el Fondo reconoce que la deuda pública (como porcentaje del PIB) continúa siendo manejable, la capacidad de maniobra de la política fiscal es muy limitada debido a que la referida deuda es muy alta como proporción de los ingresos del gobierno. El logro de la sostenibilidad fiscal requeriría de un ajuste presupuestario que permita la reducción gradual del déficit fiscal. Según el FMI, el énfasis en dicho ajuste debe estar en aumentar los ingresos.

Tal ajuste se puede ver obstaculizado por tres aspectos que destaca el reporte. Primero, la incertidumbre asociada con la implementación de la reforma tributaria aprobada el año pasado que, de no ser dilucidada, puede erosionar los ingresos. Segundo, el proyecto de ley de competitividad enviado al Congreso, que concedería incentivos fiscales a las empresas que se constituyan fuera de la ciudad de Guatemala, podría generar costos fiscales significativos. Y, tercero, el tratamiento que se le dé a la llamada “deuda flotante” generada por obras públicas contratadas en el pasado extrapresupuestariamente.

Al FMI le preocupa que la “deuda flotante” y, aunque reconoce que se han hecho algunos esfuerzos para cuantificarla, señala que no existe ningún plan serio para eliminarla debido a que el debate se oscurece por las dudas respecto de la legitimidad de la “deuda”. El Fondo también señala que no ha habido avances en alguna estrategia para evitar que la “deuda flotante” se repita, dado que las enmiendas necesarias a la Ley Orgánica de Presupuesto se encuentran estancadas en el Congreso. El Fondo reiteró a las autoridades la necesidad de mejorar la gestión financiera gubernamental para evitar la “deuda flotante”, realizar una cuantificación fiable del verdadero saldo de dicha “deuda”, y establecer una estrategia viable para su erradicación.

En otras áreas de política económica, el FMI aconseja profundizar las mejoras al esquema de política monetaria y cambiaria basadas en las metas de inflación y la (mayor) flexibilidad del tipo de cambio. Insiste en que el fortalecimiento del sistema financiero es necesario, sobre todo para aplicar plenamente la supervisión consolidada basada en riesgos. Y, finalmente, enfatiza que las reformas estructurales son esenciales para lograr un crecimiento incluyente a largo plazo, lo cual dependerá, en buena medida, de elevar la carga tributaria a efecto de habilitar al gasto público para atender áreas prioritarias en materia de necesidades sociales, competitividad y desarrollo.

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