“Viéndola venir”, como dicho en buen chapín, hemos estado tocando el amplio, controversial y fundamental tema de la inversión pública. Y con cierto sentido de pertinencia, por estar ya en fechas que marcan la revisión y discusión del Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, período fiscal 2012, conforme a fundamento constitucional (Capítulo IV, Artículo 237), presentado en septiembre pasado por el organismo Ejecutivo al Legislativo. Y también congruente, antes de finalizar septiembre, titulares de primera plana de los principales medios alertaban que  se alborotó el hormiguero, léase, aquello de la repartición del pastel, así “Diputados comienzan a repartir las obras de 2012” (el Periódico, 29 de septiembre de 2012). 

Retrotrayéndonos a las puertas del período electoral en 2007, Ana de Molina expresaba que “los partidos políticos... tendrán una acción determinante en el cabildeo y negociación política por asignar  mayor y mejor inversión para la educación, considerada esta una prioridad y un derecho humano fundamental” (Siglo.21, 18 de abril, 2007). Por supuesto, hoy como ayer, la tajada principal es el listado geográfico de obras, aderezada con el si... y el cómo de obligada redistribución.

La crítica honesta y bien informada viene a coincidir con aspectos repasados en anteriores entregas, tal lo expuesto por Alejandro Arévalo, indicando que “existe una iniciativa de ley para que los legisladores, los alcaldes y los gobernadores no tengan relación directa, parentesco o negocio con las obras” (el Periódico, 29 de septiembre de 2012), y amplía en cuanto a que la normativa propone el ordenamiento, control y transparencia en el uso de los recursos públicos. Digo yo, eso va con lo compartido con los lectores en últimas columnas, nosotros aduciendo que si bien el Estado cuenta con un sistema de inversión pública formalmente implementado, su operatividad queda lejos del requerido grado de efectividad, en ausencia de normativa, tal  la que cita Arévalo y por ahora iniciativa de ley. 

Aparte la consabida ineficiencia impartida por el manejo burocrático gubernamental, causa de tortuguismo  y pobreza en la ejecución de la inversión, conociendo más de cerca el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) notamos fortalezas y debilidades que enfrenta el mismo. Entre fortalezas: forma parte de la estrategia de formulación del presupuesto; es  un sistema que incorpora el seguimiento de proyectos que permite verificar permanentemente su avance; cada  proyecto registrado en el SNIP tiene respaldo documental (perfil, prefactibilidad o factibilidad más diseños); es un instrumento robusto protransparencia y facilita la auditoría social; es bien visto por la Cooperación Internacional en Guatemala. Debilidades: grupos de diputados, usualmente no respetan la propuesta técnica (Programa de Inversión Pública) conceptualizada para el ejercicio fiscal, insertando el componente político indeseable; los políticos en general procuran evitar la metodología y disciplina en la preparación de proyectos (normas SNIP). Y hay más para más adelante.