La drogadicción y la gigantesca industria del narcotráfico constituyen parte de un flagelo cuyo impacto en la vida de nuestros países es tan grande, que debe abordarse de todas las formas posibles. La despenalización —como propuesta, como idea, como posibilidad— no debe ser enviada al cesto del silencio. Hay que aprovecharla, plenamente, para ir encontrando líneas para enfrentar el problema. Constituye también una forma de practicar la necesaria educación ciudadana.

La ciudadanía no se construye en las clases “de ciudadanía”, menos en los actos de votación. Se construye en la reflexión colectiva, en la aproximación a la comprensión de los graves problemas que afectan a la sociedad. Se construye en la práctica de discusión, de debate, de intercambio de visiones, opiniones y formas de ver las cosas para alcanzar puntos comunes (no siempre desde el consenso absoluto).

El problema es tan grave que el futuro de nuestros hijos y nietos está hipotecado, está marcado por los daños de la drogodependencia, pero también por la cultura de violencia que genera el negocio. Así que urge que pongamos nuestros mejores esfuerzos y nuestra inteligencia colectiva en la búsqueda de respuestas y soluciones.

Por eso, la “simple declaración” del presidente Pérez (como la define acertadamente el colega Barrios Carrillo en estas mismas páginas), no debe dejarse de ver como tal (y exigir más contundencia), pero también aprovecharla para una discusión regional que permite aunque sea mínimos avances en las respuestas institucionales, sociales y políticas de nuestros países. Pero esa discusión no debe reducirse a las instancias políticas. Las instituciones académicas, científicas y sociales también deben acompañar y apoyar con sus estudios y reflexiones. Debemos sumar toda la argumentación —coherente y consistente— que permita profundizar en esta problemática, en uno u otro sentido.

En otras palabras, un buen momento es éste para la educación ciudadana en relación con una compleja realidad, que va a tener que tomar en cuenta aspectos tan diversos como la soledad y la depresión que hace fácil todo tipo de adicciones, los esquemas educativos familiares y escolares que “se hacen los locos” frente a esta realidad, la debilidad institucional y social para la prevención, las débiles estructuras públicas para la prevención, persecución y castigo, etcétera.

Estamos apenas frente al inicio de una discusión, por lo menos en nuestra sociedad. Eso significa que no es momento de conclusiones, que no es el momento para cerrar los oídos y los ojos y negarnos la posibilidad de por lo menos pensar en otras formas de enfrentar estas cosas. Que nuestros jóvenes vean el interés y la preocupación, pero también la madurez de sus adultos para discutir cosas que afectan a todos.

Es entendible que se encienda una alarma frente a la posibilidad de no penalizar algo tan grave, pero que esa primera alarma no nos quite la posibilidad de pensar en otras soluciones, que no evite que busquemos respuestas nuevas en lugar de seguir esperando resultados nuevos con prácticas viejas. Que la alarma no sea una venda.

Esto es educación ciudadana. Por eso es totalmente criticable que desde el país que más consume se nos venga a vedar el derecho humano de reflexionar, discutir y proponer alternativas. Esperemos, pues, que las sociedades y los gobiernos centroamericanos —todos, absolutamente todos— demostremos responsabilidad para entrarle a este problema.