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El consorcio nicaragüense Grupo Pellas adquirió por una cantidad no revelada el control total del ingenio Chabil Utzaj que se encuentra en el valle del Polochic, en Alta Verapaz, y el cual era propiedad de la familia Widdman. Ahora se proponen crear 2 mil empleos en época de alta producción, los cuales podrían ser aprovechados por habitantes de la región.

El gerente general de Chabil Utzaj, Miguel Maldonado, indica que desde el 1 de abril se incorporó el Grupo Pellas como propietario del ingenio, pero la nueva administración está dirigida totalmente por guatemaltecos que incluso tienen más de 35 años de experiencia en este sector (lea: Financian a periódico).

El coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, considera que “la estrategia de la familia Widdman fue negociar la deuda que tenían con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y buscar nuevos socios. Entendemos que la familia Pellas no es la propietaria, sino socios para empujar por segunda ocasión el proyecto”.

Pascual agrega: “Estamos bien claros de que ahí lo que se mantiene es el interés por desarrollar el proyecto de agro combustibles y no les importan las familias campesinas q’eqchi’s que viven en el área”.

“Desde ese momento estamos creando un nuevo Chabil Utzaj, queriéndolo reactivar; es un gran reto, pero estamos confiados en que se puede salir adelante”, agrega Maldonado, al recordar los desalojos efectuados en esa zona a mediados de marzo de este año, cuando incluso hubo dos personas muertas.

Producción esperada

La extensión total del ingenio son 5 mil hectáreas y están recuperando unas 600 que quedaron con algunos daños en la caña ya sembrada, pero además esperan cultivar unas 1,500 hectáreas, por lo que en total las proyecciones estiman en esta primera zafra una producción en unas 2,100 hectáreas.

El ejecutivo del ingenio recuerda que prácticamente no se han hecho zafras en esa zona, ya que la primera vez que iniciaron operaciones sólo duraron unos 17 días, por lo que “para nosotros es un aprendizaje en el valle este año, pero confiamos en producir un poco más de 300 mil quintales de azúcar entre febrero y mayo”.

En esa zona el período de zafra sería diferente al de la Costa Sur, porque el régimen de lluvia es distinto, tanto que en enero aún llueve y por ser la primera vez que se haría el corte de la caña en ese valle, explica Maldonado.

El presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche, desconoce las cifras de producción del ingenio en las Verapaces, por lo que prefiere no opinar acerca de ello. Respecto a los desalojos que allí se han efectuado, manifiesta que esos problemas son mensajes que no alientan a la inversión extranjera, no importa de qué sector productivo se trate.

El comisionado presidencial para la Competitividad y la Inversión, Romeo Rodríguez, señala que esta reactivación es importante para el país, porque a nivel macroeconómico significa crear un clima adecuado de negocios, y en lo micro así como en lo local es una fuente significativa de empleo.

“Ello significa que sigue existiendo confianza en el país para atraer capitales, si no este proyecto no se estaría llevando a cabo”, comenta Rodríguez.

Empleos y proyectos comunitarios

Maldonado refiere que en época de zafra podrían contratar hasta unas 2 mil personas y en los meses de menor actividad estarían rondando las mil plazas. A ello añade: “Queremos llevar ayuda como apoyar escuelas, quizá un hospitalito o respaldar a los centros de salud actuales; estamos pensando llegar no con las manos vacías, sino ayudar a la gente, pero para eso tenemos que tener productividad”.

Acerca de la creación de empleo y apoyo comunitario, Pascual considera eso como una farsa porque el CUC ha planteado a la sociedad que en esa área debería producirse alimentos; incluso en la siembra de granos básicos se generarían más plazas que con la caña.

“En la quincena anterior, a la par del pago de salario empezaron a entregar la bolsa solidaria, con lo cual quieren ganar la confianza del campesino”, explica el dirigente del CUC.

Según Pascual, los proyectos en salud o educación “son una estrategia de los empresarios para ocultar y no pagar impuestos al crear fundaciones que le quitan la responsabilidad al Estado; eso está visto en la Costa Sur”.