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El diputado y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, José Alejandro Arévalo, estima que para atraer mayor inversión y generar más fuentes de empleo el tema económico debe pasar a primer plano en el debate parlamentario.

En materia de temas económicos, ¿cómo evalúa el trabajo parlamentario realizado en los últimos cuatro años?

En este período, el Legislativo estuvo influido en gran parte por el debate sobre el financiamiento del Estado, lo que lamentablemente derivó en que mucho del quehacer parlamentario se fijara en cuestiones fiscales, y en varias ocasiones se intentó pasar la reforma tributaria. Sin embargo, podemos rescatar algunas leyes aprobadas, las cuales pertenecen a la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Una de ellas es la que conocemos como Alianzas para el Desarrollo, otra es la Ley de la Actividad Aseguradora. Hemos tenido importantes proyectos de ley que recibieron el visto bueno de la comisión, no así del pleno, precisamente por las disputas a nivel tributario.

¿Qué leyes tienen ya dictamen favorable?

Están las reformas al Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, las cuales abordan el secreto bancario y responden a una demanda internacional que exige tomar medidas para prevenir delitos de evasión y defraudación tributaria. También está el Sistema de Sociedades de Garantía Reciproca, con el cual se crea un mecanismo para tener crédito a favor de empresas pequeñas o personas individuales que por sí solos no lograrían financiamiento. Se pretende que con el respaldo de una empresa grande o una persona con capacidad de pago se facilite el trámite. La creación del Consejo Económico Social, la cual será una instancia que fortalecerá el diálogo y que busca reducir la conflictividad social mejorando los consensos, es otra de ellas.

¿En qué tipo de casos podría contribuir esa ley?

Por ejemplo, existe un convenio en materia laboral, conocido como el 175 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el cual acepta el trabajo parcial. Aquí hay discrepancias entre el sector empleador y el sindical, pero nunca se han sentado a dialogar. Esta ley crearía una instancia legal para mediar en este tipo de conflictos sociales. Otro caso sería la Ley de Desarrollo Rural, la cual no se ha podido aprobar por el nivel de conflictividad que suscita entre varios sectores. Aquí la contribución también podría ser valiosa.

¿Existen otros proyectos significativos en proceso?

La Ley de Competencia, con la cual se busca atender el mandato de la Constitución de la República, que establece que debe haber una normativa específica para limitar las formas comerciales que van contra el libre mercado, como lo son los monopolios y oligopolios y medidas desleales. Guatemala es el único país en la región que no cuenta con este tipo de regulaciones. El 22 de noviembre se recibió una iniciativa en ese sentido; no obstante, como comisión es un asunto que hemos discutido y que vemos con apremio que el tema sea regulado; esperamos que en la siguiente legislación pueda solventarse.

¿Existen leyes sin dictamen, pero en proceso de debate?

En efecto, juntamente con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) venimos trabajando una Ley de Quiebras. Es importante que tengamos un mecanismo legal en este aspecto. Otro proyecto conjunto lo llevamos a cabo con el Banco de Guatemala (Banguat) con cuyos técnicos se trabaja un proyecto que ayudaría a desarrollar el Mercado de Valores, para lo que también se debe crear una normativa.

¿Existen otros vacíos legales?

La unificación de Registro de Empresas Nuevas que permita la agilización e institucionalización de ventanillas únicas que faciliten los procesos de registro. La ley de Arrendamiento y Factoraje Financiero, la cual permitiría desarrollar el tipo de financiamiento conocido como leasing, son otros de los retos.