El presidente Otto Pérez (en el centro) firmó con el sector minero el convenio para el aumento en el pago de regalías.

La Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) de la Cámara de Industria, junto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), anunciaron un acuerdo en el que se detalla que las regalías por la explotación minera que percibe el Estado de Guatemala, de manera voluntaria dejarán de ser del 1%.  

Y mientras esto ocurría en el Palacio Nacional de la Cultura, a pocas cuadras, los críticos expresaban que ese acuerdo no reduce la conflictividad social alrededor de la industria minera a cielo abierto.

“Ahora se pagará el 3% para metales básicos, el 4% para metales preciosos y en el caso de Montana Exploradora pagará un 5% sólo para el oro”, señaló el titular del MEM, Erick Archila. El convenio tiene un plazo indefinido, a la espera de que el Congreso apruebe la nueva Ley de Minería, en la que se fijarían esos porcentajes.

Con esto buscan, según el funcionario, contribuir al crecimiento económico del país y el desarrollo sostenido de una minería responsable, así como bajar los niveles de polarización surgidos en torno a la industria minera.

No es suficiente

A criterio del presidente de Gremiext, Mario Marroquín, se espera que este acuerdo marque el despegue de proyectos estancados durante años, y además, que sirva para atraer nueva inversión. 

El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) aseguró en otra conferencia de prensa que lo declarado por Archila en días anteriores, sobre que el país percibiría ahora Q800 millones al año, es incorrecto.

Esto porque “según lo que Montana ha exportado desde que inició sus operaciones, si el porcentaje por regalías sube a 5% es imposible que se llegue a esta cantidad”, aseguró el coordinador del área político legal de CALAS, Rafael Maldonado.

“No estamos seguros de si el Ministro calculó mal o está tratando de confundir a la opinión pública, ya que lo que se percibiría no llegaría ni a Q50 millones”, advirtió.

El director de CALAS, Yuri Melini, afirmó que lo más importante de la discusión no son las regalías, sino otros temas más relevantes como la protección ambiental, la participación ciudadana, el pasivo minero y la conflictividad social que genera, así como la reforma de la Ley de la Minería y la transparencia de las operaciones.

De acuerdo con el ambientalista, aumentar las regalías no resuelve todos estos problemas, pero sí crea una distracción y se desvía la atención pública. 

“Deja muchas dudas el hecho de que a 14 días de haber iniciado su mandato este nuevo gobierno llegó a acuerdos voluntarios con este sector. Da la impresión de que ya se tenían arreglos políticos previos”, declaró Melini.

Desde el punto de vista de CALAS otorgar una regalía menor a 20% es regalar los recursos del país. Además, Maldonado refiere que los 5 nuevos proyectos mineros anunciados para empezar a explotar la riqueza minera tienen impedimentos legales y no deben ser autorizados por el Gobierno.

“Hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en la, que se declararon inconstitucionales 7 artículos de la Ley de Minería, razón por la cual hay una moratoria que impide explotar el subsuelo”, enfatizó.

El presidente del Consejo de Pueblos de Occidente, José Gómez Romero, hizo ver que este colectivo ha trabajado en 58 municipios donde han llevado a cabo consultas comunitarias y se ha rechazado la explotación minera.

En estas consultas se ha concluido que ningún porcentaje sería justo, ya que esta explotación y el hecho de que nos ignoren, representan para nosotros un nuevo despojo de la tierra, expresó. 

Por lo que reafirmó su negativa al convenio (lea: Ven ilegítimo el acuerdo).