La 42a. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Tiquipaya, Cochabamba, del 3 al 5 de junio, analizará una serie de temas de importancia regional; entre ellos, la reivindicación marítima de Bolivia y el reclamo argentino sobre las islas Malvinas.

El secretario adjunto del organismo interamericano, Albert Ramdin, confirmó que ambos asuntos serán considerados por los delegados de los países signatarios, junto a otros como la seguridad y soberanía alimentarias.

Esas afirmaciones echan por tierra las declaraciones del canciller del Gobierno de Chile, Alfredo Moreno, quien dijo que la solución de la mediterraneidad no está incluida en la agenda de la OEA.

Al parecer, el jefe de relaciones exteriores de Santiago ha olvidado que, desde hace 33 años, este es un tema recurrente y permanente que preocupa a las naciones que integran la OEA, que ven la mediterraneidad boliviana como un problema que debe ser solucionado para garantizar una convivencia regional libre de conflictos.

Pese a los reclamos de Chile, en la Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz en 1979, los representantes de las naciones americanas suscribieron una resolución mediante la cual instaron a los Gobiernos de La Paz y de Santiago a dialogar y buscar soluciones a la mediterraneidad nacional.

Desde entonces han sido varias las resoluciones del organismo interamericano en ese sentido, pese a la renuencia de los sucesivos gobiernos de La Moneda para encaminar el asunto y permitir a Bolivia un acceso soberano y útil al Pacífico.

Han sido varios los intentos de Bolivia por lograr acuerdos con Chile en ese sentido, pero todo avance fue frustrado por las autoridades de ese país.

El último de esos intentos se desarrolló entre 2006 y 2010, con acercamientos entre los gobiernos de los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, que elaboraron una agenda de 13 puntos de interés mutuo de resolución, entre ellos el reclamo marítimo de Bolivia.

Con esa perspectiva se desarrollaron encuentros a nivel de Vicecancillerías en La Paz y Santiago, que se vieron interrumpidos a fines de 2010 por la decisión del Gobierno chileno de no convocar a una reunión que debía celebrarse en ese país en esas fechas.